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(REFERENCIA AL REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO -BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Nº 122, DE 22 DE ABRIL DE 2020-)

Se redacta la presente nota al objeto de informar sobre las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley antecitado (en adelante, RDL 15/2020), por el que se pretende afrontar la respuesta a la emergencia del COVID-19 en un triple plano, sanitario, económico y social, aprobando un nuevo paquete de medidas de refuerzo, complemento y ampliación de las anteriormente adoptadas, enfocadas hacia el apoyo a las empresas y a los trabajadores en cinco grandes bloques:

• Medidas para reducir los costes operativos de PYMES y autónomos

• Medidas para reforzar la financiación empresarial

• Medidas fiscales

• Medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo y

• Medidas de protección a los ciudadanos. De las medidas reguladas por este RDL 15/2020, destacamos aquellas que pudieran ser de mayor interés para los colegiados ITA, exponiendo los preceptos más relevantes y comentándolos mediante una breve síntesis de las medidas que contienen.

-En los artículos 1 a 5 se regula la moratoria en contratos de arrendamiento de locales de negocio, oficinas, despachos y, en general, inmuebles destinados a usos distintos del de vivienda, a la que podrán acogerse trabajadores autónomos y PYMES que sean arrendatarios y cumplan los requisitos de afiliación y alta, junto con los relacionados con la suspensión de su actividad como consecuencia del COVID-19 o reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior, debiendo en cualquier caso acreditar el cumplimiento de estos requisitos en la forma prevista en el artículo 4.

Esta medida distingue entre los contratos de arrendamiento suscritos grandes tenedores – propietarios con más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2-, y aquellos celebrados con el resto de arrendadores.

Para los contratos del primer grupo, el arrendatario podrá solicitar la moratoria en el pago de la renta en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del RDL, que se aplicará de manera automática -es decir, obligatoria para el arrendador- y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas, con la posibilidad de que se aplique a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, hasta un máximo de cuatro, sin que dicho aplazamiento suponga penalización alguna para el arrendatario, ni genere intereses.

El pago de la renta aplazada se realizará mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, a contar desde que concluya el periodo establecido en el apartado anterior.

En el supuesto de arrendamientos suscritos con quienes carecen de esa condición de grandes tenedores, el arrendatario podrá solicitar en el mismo plazo de un mes un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario.

En estos casos, la norma no prevé que el arrendador quede obligado a aceptar el aplazamiento, por lo que queda a criterio de las partes la negociación sobre la moratoria establecida, al igual que la otra medida prevista para estos alquileres con los propietarios de esta clase, consistente en la libre disposición de la fianza del arrendamiento para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de renta arrendaticia, con obligación del arrendatario de reponer su importe en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, si éste fuera inferior a un año.

-Dentro de las medidas fiscales, los artículos 10 y 11 se refieren a determinadas medidas en favor de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas cuyo rendimiento neto se determine con arreglo al método de estimación objetiva, con los mismos efectos respecto de los regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido o en el Impuesto General Indirecto Canario.

-El artículo 13 incluye una medida extraordinaria relativa a Cooperativas, las cuales podrán emplear de forma temporal el Fondo de Promoción y Educación con la finalidad de paliar los efectos del COVID-19, ya sea como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su funcionamiento, o para destinarlo a cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria o a paliar sus efectos, mediante acciones propias o mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas.

La Cooperativa habrá de restituir este fondo con, al menos, el 30% de los resultados de libre disposición que se generen cada año, hasta que complete el importe que dicho Fondo tenía en el momento de adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo máximo de 10 años.

-El artículo 15 se refiere al carácter preferente del teletrabajo o trabajo a distancia frente a otras alternativas, y a la cesación temporal o la reducción de la actividad laboral, regulados en los artículos 5 y 6 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo (medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 -en adelante, RDL 8/2020-), a los cuales se hizo referencia en la nota de esta Asesoría Jurídica sobre novedades legislativas del pasado 20 de marzo (número 2).

En virtud de esta norma, se prorroga lo establecido en los citados artículos 5 y 6 del RDL 8/2020, que se mantendrá vigente durante los dos meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista en el párrafo primero de la Disposición Final Décima del RDL 8/2020. En atención a las circunstancias, cabrán también prórrogas adicionales por parte del Gobierno de lo establecido en el presente precepto.

-El artículo 23 introduce determinadas nomas sobre disponibilidad excepcional de los derechos consolidados en planes de pensiones, pudiendo solicitar hacer efectivos tales derechos quienes se encuentren afectados por un ERTE, por la suspensión de apertura al público de establecimientos o por el cese de su actividad, incluyendo los trabajadores por cuenta propia, acreditando los requisitos que se establecen para cada caso.

-El artículo 25 regula la cotización en situación de inactividad en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, conforme al cual, con efectos desde el uno de enero de 2020, a los trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2019, se les aplicará a las cuotas resultantes durante los periodos de inactividad en 2020 una reducción del 19,11 por ciento.

–La Disposición Adicional Primera hace referencia a las obligaciones tributarias y su suspensión y la de distintos procedimientos establecidos en la Ley General Tributaria, establecidas en el artículo 33 del RDL 8/2020, y a las cuales se hizo referencia en la nota de esta Asesoría Jurídica sobre novedades legislativas del pasado 20 de marzo (número 2). En virtud de esta norma, las referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 de mayo de 2020 en el citado artículo 33 (así como en las Disposiciones Adicionales Octava y Novena del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 -a la DA Octava nos referimos también en la nota de Asesoría Jurídica sobre novedades legislativas del pasado 3 de abril -número 3-), se entenderán realizadas al día 30 de mayo de 2020.

-La Disposición Adicional Segunda se refiere a los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de Inspección de Trabajo y Seguridad social (de interés de los profesionales ITA que desarrollen tareas profesionales de proyección y dirección de obra, así como en ámbito de la prevención de riesgos laborales), estableciendo que el periodo de vigencia del estado de alarma, así como sus posibles prórrogas, no computará a efectos de dichos plazos, así como para el cumplimiento de cualesquiera requerimientos de los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (con la excepción de actuaciones y requerimientos estrechamente vinculados a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean graves o urgentes y resulten indispensables para proteger el interés general).

También quedan suspendidos los plazos de prescripción de las acciones para exigir responsabilidades en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social.

-Mediante la Disposición final Sexta se modifica del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en concreto, los apartados 1 y 2 del artículo 324, en cuanto a la inclusión en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de los titulares de explotaciones agrarias que se encuentren en los supuestos indicados en el nuevo texto del citado artículo.

-Por último, conforme a la Disposición final Décima se facilita el aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social por parte de empresas y trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, en los términos y con el alcance establecido en la misma.

Este RDL 15/2020 entrará en vigor el día 23 de abril, siguiente al de su publicación el BOE.

En Madrid, a 23 de abril de 2020

ASESORÍA JURÍDICA

CONSEJO GENERAL

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